Estado de la justicia en Cataluña: radiografía crítica y claves de futuro

1. Radiografía general: ¿en qué punto está la justicia en Cataluña?

Hablar del estado de la justicia en Cataluña obliga a ir más allá del ruido político y bajar al terreno concreto de los juzgados, las fiscalías y los profesionales que sostienen, con más o menos recursos, el día a día del sistema. El titular es doble: por un lado, una justicia sometida a una enorme presión política y mediática; por otro, una estructura judicial que arrastra déficits históricos de personal, medios y coordinación competencial.

Cataluña comparte muchos problemas con el resto del Estado —sobrecarga de trabajo, lentitud procesal, falta de inversión—, pero suma además un componente propio: la tensión entre el poder judicial de ámbito estatal y unas instituciones catalanas que reclaman mayor capacidad de decisión en la gestión de la justicia y en la interpretación de determinados derechos colectivos.

Estos tres vectores —sobrecarga, desigualdad territorial y tensión política— condicionan cualquier diagnóstico sobre el presente y el futuro de la justicia en Cataluña.

2. Competencias y modelo institucional: quién manda realmente

El marco competencial es clave para entender qué se puede cambiar desde Cataluña y qué depende de decisiones estatales. El Poder Judicial en España es único y de ámbito estatal, pero las comunidades autónomas —entre ellas Cataluña— gestionan medios materiales y personales no judiciales, como edificios, informática o parte del personal de apoyo.

2.1. El papel del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la cúspide del poder judicial en el territorio. Actúa como máximo órgano jurisdiccional en Cataluña, salvo las competencias reservadas al Tribunal Supremo. Es, además, un actor central en la relación entre la justicia y el autogobierno, especialmente en materia contencioso-administrativa y en conflictos que afectan a decisiones del Govern y del Parlament.

En los últimos años, el TSJC ha protagonizado decisiones de amplio impacto público: desde resoluciones sobre medidas lingüísticas en la escuela hasta sentencias relacionadas con actos del 1-O o la inhabilitación de cargos públicos. Cada una de estas decisiones ha alimentado un debate de fondo: ¿es la justicia un árbitro neutral o un actor más del conflicto político?

2.2. Generalitat, Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial

La gestión de la justicia en Cataluña es un triángulo complejo:

• Generalitat de Catalunya: gestiona edificios judiciales, oficinas, parte del personal y la infraestructura tecnológica. Es responsable, por ejemplo, de la modernización de las sedes, la atención ciudadana y el despliegue de sistemas de videoconferencia o expedientes electrónicos.
• Ministerio de Justicia: define gran parte de la normativa procesal, aprueba la creación de nuevos juzgados y marca la política general de modernización del sistema en todo el Estado.
• Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): órgano de gobierno de jueces y magistrados, encargado de nombramientos, ascensos y régimen disciplinario. Su bloqueo prolongado ha tenido efectos en la percepción ciudadana sobre la independencia judicial.

En la práctica, esta distribución genera frecuentes tensiones: Cataluña reclama más capacidad para decidir dónde y cómo reforzar órganos judiciales; el Estado defiende un marco homogéneo. Entre medias, ciudadanos y profesionales lidian con un sistema que, a menudo, parece diseñado más para la administración que para el usuario final.

3. Herida abierta: la justicia y el procés

Ningún análisis serio del estado de la justicia en Cataluña puede obviar el impacto del procés. Los procedimientos penales derivados del 1 de octubre, las órdenes de detención europeas, los indultos y las reformas legales posteriores han dejado una huella profunda en la percepción de imparcialidad del sistema.

3.1. Judicialización del conflicto político

Durante la última década, la justicia se ha visto obligada a ocupar espacios que tradicionalmente pertenecerían a la política. Muchas controversias que podrían haberse canalizado mediante negociación o reformas estatutarias y constitucionales han acabado en el ámbito penal y contencioso-administrativo.

Esta judicialización del conflicto tiene varias consecuencias:

• Polariza aún más a la sociedad, al convertir a jueces y fiscales en figuras percibidas como “parte” por uno u otro bloque.
• Desgasta la confianza en el principio de presunción de inocencia y en la proporcionalidad de las penas.
• Proyecta una imagen internacional de conflicto interno que condiciona la reputación institucional de España y de Cataluña.

3.2. Amnistía, indultos y reformas penales

La aprobación de reformas legales orientadas a revisar los delitos aplicados a dirigentes del procés, así como las negociaciones en torno a una posible amnistía, han reabierto el debate sobre la separación de poderes. ¿Hasta qué punto las decisiones legislativas corrigen o condicionan el trabajo de los tribunales? ¿Y cómo se percibe esto en la calle?

Lo cierto es que, para una parte de la ciudadanía catalana, la justicia es vista como un actor estatal poco sensible a la realidad catalana. Para otra parte, en cambio, los tribunales se convierten en el último dique de contención frente a lo que consideran un desafío al orden constitucional. El resultado es un clima de desconfianza cruzada que pesa sobre cualquier debate jurídico relevante.

4. El día a día de los juzgados: lentitud, colapso y brecha social

Más allá de las grandes causas, el ciudadano corriente se encuentra con otra realidad: juzgados saturados, plazos imprevisibles y procedimientos que se alargan años. En Cataluña, como en muchas otras comunidades, la justicia del día a día —la que decide sobre divorcios, despidos, alquileres, herencias o accidentes de tráfico— sufre una congestión que se traduce en frustración.

4.1. Jurisdicciones especialmente tensionadas

No todos los órdenes jurisdiccionales sufren por igual. Los más sobrecargados en Cataluña suelen ser:

• Social: conflictos laborales, ERE, ERTE y reclamaciones salariales se dispararon tras la crisis financiera y volvieron a intensificarse con la pandemia.
• Civil: demandas de consumidores contra entidades financieras, ejecuciones hipotecarias, cláusulas abusivas, así como litigios de familia.
• Penal: desde delitos leves hasta macrocausas, con especial presión en las grandes áreas metropolitanas.
• Contencioso-administrativo: recursos contra decisiones de la Administración, sanciones y normativa sectorial, a menudo muy técnica.

En todos estos ámbitos, la lentitud afecta de forma desigual: quien tiene recursos económicos puede permitirse mejor defensa, informes periciales y más margen para resistir. En cambio, las personas en situación de vulnerabilidad acostumbran a ver cómo sus reclamaciones se dilatan hasta perder parte de su sentido práctico.

4.2. Tecnología y modernización: avances desiguales

La digitalización de la justicia es uno de los grandes retos en todo el Estado. En Cataluña se han desplegado sistemas de presentación telemática de escritos, acceso online a expedientes y videoconferencias para determinadas vistas. Sin embargo, el mapa está lejos de ser homogéneo.

Mientras algunas sedes judiciales de Barcelona funcionan con una infraestructura más cercana a un modelo de oficina moderna, otros edificios de provincias arrastran problemas de conectividad, equipos obsoletos y falta de formación para el personal. Esta brecha tecnológica condiciona directamente la eficiencia y la calidad del servicio que percibe el ciudadano según el lugar en el que reside.

Para muchos despachos legales, la digitalización se ha convertido en un factor clave de competitividad. No es casual que hayan proliferado plataformas de consulta jurídica online que prometen rapidez y claridad en contextos donde el ciudadano a menudo se siente perdido al enfrentarse a un juzgado o a un procedimiento.

5. Derechos civiles, vivienda y precariedad: cuando la justicia toca la vida cotidiana

El estado de la justicia en Cataluña también se mide por cómo responde a los grandes problemas sociales: la emergencia habitacional, la precariedad laboral, la violencia de género o la integración de las personas migrantes. En todos estos ámbitos, las decisiones judiciales marcan fronteras muy concretas entre lo posible y lo imposible para miles de familias.

5.1. Vivienda y desahucios

Cataluña ha sido uno de los epicentros de la crisis de vivienda en España. La combinación de alquileres elevados, escasez de parque público y efectos de la especulación inmobiliaria ha llenado los juzgados de procedimientos de desahucio. A ello se suman regulaciones autonómicas y estatales que buscan limitar subidas de precio o dar más protección al inquilino, algunas de las cuales han sido recurridas y parcialmente anuladas.

En este contexto, entender qué derechos y obligaciones tiene cada parte —propietarios, inquilinos, comunidades de vecinos— se ha vuelto crucial. De ahí el auge tanto de asociaciones de defensa del derecho a la vivienda como de servicios profesionales especializados en arrendamientos, comunidades de propietarios e impagos.

5.2. Trabajo, salarios y despidos

El tejido económico catalán, muy basado en pymes, comercio y servicios, ha vivido varias sacudidas en los últimos años: crisis financieras, pandemia, inflación. Cada ola de incertidumbre económica se traduce en más expedientes disciplinarios, ERE, ERTE y conflictos laborales que acaban en los juzgados de lo social.

Para muchos trabajadores, el acceso efectivo a la justicia laboral sigue siendo un reto: tiempos largos, desconocimiento del procedimiento, miedo a represalias… La brecha entre el derecho teórico y el derecho real sigue siendo un tema pendiente en Cataluña y en el conjunto del país.

6. La percepción ciudadana: confianza, desafección y cultura jurídica

Uno de los indicadores menos visibles pero más determinantes del estado de la justicia es la confianza ciudadana. En encuestas y barómetros, la valoración del sistema judicial en Cataluña suele situarse en niveles intermedios-bajos, muy condicionada por la posición política de cada encuestado respecto al conflicto territorial.

6.1. Una justicia percibida como distante

Para buena parte de la población, la justicia sigue siendo un mundo opaco, regido por lenguaje técnico y dinámicas procesales difíciles de comprender para quien no es jurista. Muchos ciudadanos asocian la palabra “juzgado” con conflicto, miedo o pérdida de control sobre sus propios problemas.

Esta distancia se agrava cuando los procesos duran años o cuando las resoluciones parecen contradictorias entre sí. La sensación de arbitrariedad, aunque no se corresponda con la realidad jurídica, cala con fuerza si no se acompaña de una buena pedagogía institucional.

6.2. Educación cívica y comunicación institucional

Cataluña es una sociedad altamente politizada, pero no siempre igual de formada en cultura jurídica. Se habla de leyes, derechos y tribunales, pero a menudo desde relatos guiados por titulares o redes sociales. La educación cívica, tanto en la escuela como en el espacio público, tiene margen para incorporar contenidos claros sobre cómo funciona el sistema judicial y qué se puede esperar de él.

Al mismo tiempo, las instituciones judiciales empiezan tímidamente a cuidar más la forma en que comunican. Notas de prensa más pedagógicas, ruedas de prensa para explicar decisiones de gran impacto y estrategias de transparencia podrían contribuir a reducir la sensación de opacidad.

7. Arquitectura judicial y dignidad de los espacios: mucho más que ladrillos

La arquitectura de la justicia en Cataluña también dice mucho sobre el estado del sistema. No sólo en términos estéticos, sino en lo que afecta a la dignidad de las víctimas, la accesibilidad de los usuarios y las condiciones de trabajo de los profesionales.

7.1. Edificios que envejecen peor que los expedientes

No son pocos los profesionales que describen algunos juzgados como espacios tensos, saturados de ruido, sin privacidad, con salas de espera reducidas y pasillos donde víctimas y acusados comparten metros cuadrados antes de una vista clave. Esta realidad contrasta con la imagen de una Barcelona que cuida la fachada de sus edificios culturales, pero que a menudo posterga la inversión en infraestructuras judiciales.

En los últimos años se han acometido reformas parciales y nuevas sedes, pero el mapa sigue siendo muy desigual. En algunos partidos judiciales, la restauración de suelos, fachadas y espacios comunes no es sólo una cuestión estética: supone garantizar accesibilidad, confort acústico y una atmósfera más adecuada para decisiones que marcan la vida de las personas.

No es casual que, cuando se abordan proyectos de reforma integral de sedes judiciales, se preste una atención creciente al pavimento, la iluminación y el acondicionamiento de zonas de atención al público, siguiendo criterios de funcionalidad y durabilidad propios de proyectos de oficinas u hospitales.

8. Hacia dónde va la justicia en Cataluña: escenarios de futuro

Más allá de la coyuntura, la gran pregunta es qué tipo de justicia quiere y puede construir Cataluña en los próximos años. El futuro no está escrito, pero sí se pueden identificar algunos escenarios y tendencias plausibles.

8.1. Más especialización, más proximidad

Una de las vías de mejora pasa por reforzar la especialización de órganos judiciales en ámbitos sensibles —violencia de género, menores, grandes litigios económicos, protección de consumidores— y, al mismo tiempo, acercar la justicia al territorio mediante servicios de mediación, oficinas de atención ciudadana y ventanillas únicas que simplifiquen los trámites.

La proximidad no sólo es geográfica: también es lingüística y cultural. Garantizar el uso efectivo del catalán y del castellano en la justicia, sin que ello suponga retrasos o obstáculos, forma parte de la calidad del servicio público.

8.2. Digitalización, datos y justicia basada en evidencia

La otra gran palanca de cambio es tecnológica. No se trata sólo de tener expedientes en formato electrónico, sino de utilizar datos e inteligencia artificial para gestionar mejor los recursos, detectar cuellos de botella y ofrecer información clara a la ciudadanía. La clave estará en compatibilizar la innovación con las garantías procesales y la protección de datos sensibles.

Si se aprovecha bien, la digitalización puede acortar plazos, reducir trámites presenciales innecesarios y mejorar la coordinación entre órganos judiciales, abogados, procuradores y peritos. Si se aplica mal, corre el riesgo de crear una nueva brecha entre quienes pueden navegar cómodamente por sistemas online y quienes quedan fuera por edad, recursos o nivel formativo.