Libertad de expresión en Cataluña
Cuando la palabra de un concejal catalán se convierte en un problema penal
El caso del concejal de Vic Joan Coma, investigado por la Audiencia Nacional por un supuesto delito de “incitación a la sedición” a raíz de sus palabras en un pleno municipal, se ha convertido en un símbolo de la persecución sistemática de la libertad de expresión política en Cataluña.
El Síndic de Greuges de Catalunya ha denunciado esta regresión democrática en un informe específico sobre los retrocesos en materia de derechos humanos, centrado en la libertad de expresión de los cargos electos y la separación de poderes en el Reino de España.
Por qué este caso importa a Cataluña
Esta página está pensada para cargos electos, entidades, colectivos y personas de Cataluña que quieren entender cómo se está utilizando el derecho penal y administrativo para limitar la libertad de expresión política, especialmente en el contexto del Procés.
En concreto, aquí encontrarás:
- Un resumen claro del informe del Síndic de Greuges sobre regresiones en derechos humanos y libertad de expresión de cargos electos.
- Una explicación paso a paso del caso Joan Coma en Vic como ejemplo de persecución de opiniones políticas en Cataluña.
- El contexto de la persecución sistemática de la disidencia y la judicialización de la política en Cataluña y el Estado español.
- El papel del Observatori del Procés como espacio de documentación, análisis y visibilización de estas vulneraciones de derechos fundamentales.
- Orientación práctica para documentar y defender tu libertad de expresión dentro del marco legal catalán y estatal.
Contexto en Cataluña: libertad de expresión y Procés
Cataluña ha sido uno de los epicentros europeos donde más claramente se ha visto cómo la respuesta penal y sancionadora del Estado afecta al ejercicio de derechos fundamentales: libertad de expresión, reunión, participación política y representación institucional.
En ciudades como Barcelona, Vic, Badalona o Girona, ayuntamientos y cargos electos han aprobado resoluciones, declaraciones y gestos simbólicos vinculados al derecho a decidir y a la crítica de las instituciones del Estado. Muchos de estos actos han acabado en los tribunales.
Esta dinámica convierte a Cataluña en un auténtico “laboratorio” donde se pone a prueba hasta dónde llega la tolerancia del sistema ante la disidencia política, y dónde se visibiliza el uso expansivo del derecho penal frente a la protesta y la libertad de expresión.
A la vez, Cataluña ha vivido una de las movilizaciones sociales más sostenidas de Europa en las últimas décadas: manifestaciones masivas, concentraciones, performances, campañas simbólicas… Ese tejido cívico ha sido clave para defender los derechos nacionales y también para denunciar regresiones democráticas.
Entender el informe del Síndic y el caso de Joan Coma es también entender cómo se intenta disciplinar este entramado social catalán, generando miedo, desgaste y autocensura entre quienes participan en el debate público.
Claves del informe del Síndic de Greuges sobre regresiones en derechos humanos
El informe del Síndic de Greuges de Catalunya sobre “retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España” se ha convertido en una referencia para entender cómo están cambiando las reglas del juego democrático, especialmente en Cataluña.
1. Un marco legal que estrecha la libertad de expresión
El Síndic analiza cómo la combinación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como “Ley Mordaza”), las reformas del Código Penal y los cambios en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional han creado un entorno jurídico que facilita:
- Sancionar administrativamente manifestaciones, concentraciones y determinadas expresiones en el espacio público.
- Investigar penalmente opiniones, símbolos y actuaciones políticas que deberían estar amparadas por la libertad de expresión y la autonomía local.
- Convertir conflictos políticos en expedientes sancionadores o causas penales, en lugar de canalizarlos a través del diálogo y la negociación.
2. Cargos electos catalanes en el punto de mira
Una parte central del informe se dedica a los cargos electos —especialmente en Cataluña— que han sido investigados o perseguidos por acciones vinculadas a su mandato democrático:
- Concejales y alcaldes que han aprobado mociones y resoluciones ligadas al derecho a decidir y al Procés.
- Representantes municipales sancionados por exhibir determinadas banderas, abrir ayuntamientos en fechas controvertidas o participar en actos simbólicos.
- Diputados y otros cargos catalanes investigados por sus opiniones y votos en sede parlamentaria.
En todos estos casos, el Síndic subraya que la libertad de expresión de quienes representan a la ciudadanía debe tener una protección reforzada, no una persecución agravada.
3. Separación de poderes y judicialización de la política
El informe alerta también de los riesgos para la separación de poderes. Reformas legales recientes han ampliado las facultades de órganos como el Tribunal Constitucional y han favorecido que cuestiones estrictamente políticas acaben dirimiéndose en juzgados y tribunales.
En el contexto catalán, esto se traduce en una judicialización de la vida política: decisiones adoptadas en plenos municipales o en el Parlament se responden con querellas, inhabilitaciones y procesos penales, con un efecto intimidatorio sobre el conjunto de representantes y de la ciudadanía.
El caso Joan Coma: cronología de una imputación por sedición
El procedimiento contra Joan Coma Roura, concejal de la CUP en Vic, es uno de los casos más claros de cómo una intervención política en un pleno municipal en Cataluña puede derivar en una imputación por sedición ante la Audiencia Nacional.
1. El pleno de Vic y la metáfora de la tortilla
En diciembre de 2015, durante un pleno del Ayuntamiento de Vic, Joan Coma defendió una moción de apoyo a una resolución del Parlament vinculada al proceso soberanista. En su intervención, utilizó la metáfora “para hacer una tortilla hay que romper los huevos” para explicar que cualquier ruptura democrática comporta costes y requiere actos de desobediencia frente a leyes consideradas injustas.
Sus palabras se pronunciaron en un contexto claramente político, dentro de un órgano democrático, en representación de una parte de la ciudadanía de Vic que lo había elegido como concejal.
2. De la denuncia a la Audiencia Nacional
A partir de una denuncia presentada por un grupo de extrema derecha, la Fiscalía de la Audiencia Nacional vio en aquella intervención indicios de un posible delito de incitación a la sedición. Se trataba de un tipo penal especialmente grave, no utilizado contra cargos electos desde la llamada transición democrática.
- El juez citó a Joan Coma a declarar en la Audiencia Nacional en Madrid, alejando el caso de su contexto municipal en Cataluña.
- Coma anunció que no acudiría voluntariamente, reivindicando la desobediencia civil y la defensa de la libertad de expresión en Cataluña.
- Finalmente fue detenido y trasladado a Madrid, donde declaró y quedó en libertad, pero con cargos abiertos.
3. Archivo de la sedición y persistencia de la persecución
En 2017, el juez de la Audiencia Nacional acabó archivando la imputación por sedición. Reconoció que, pese a la dureza del discurso político, las palabras de Joan Coma no encajaban en el tipo penal de sedición, al no existir llamamiento a un alzamiento público y tumultuario.
Sin embargo, el juzgado se inhibió a favor de un juzgado de Vic para valorar la posible existencia de otros delitos como desobediencia o prevaricación, manteniendo la presión judicial sobre el concejal.
El caso se convirtió en un ejemplo de cómo, aunque los cargos más graves caigan, la maquinaria judicial puede prolongar durante años la incertidumbre, el desgaste económico y el castigo político.
4. Por qué el Síndic habla de “persecución sistemática”
El Síndic de Greuges citó expresamente el caso de Joan Coma como ejemplo de una persecución sistemática de la libertad de expresión por parte de las instituciones estatales, y alertó del precedente que supone que un representante municipal catalán sea llevado ante la Audiencia Nacional por sus opiniones en un pleno.
Lo que está en juego no es solo la situación personal de un concejal, sino el mensaje que se envía a todos los cargos electos de Cataluña: expresar determinadas posiciones políticas puede tener consecuencias penales.
De un caso concreto a un patrón de persecución sistemática
El caso Joan Coma no es un accidente aislado. Forma parte de una secuencia de procedimientos administrativos y penales contra cargos electos y activistas catalanes que el Síndic y diversas organizaciones han identificado como un patrón de persecución sistemática de la libertad de expresión política en Cataluña.
En muchos casos, el esquema se repite con variaciones:
- Declaración, gesto o acuerdo político en un órgano catalán (pleno, Parlament, acto institucional).
- Denuncia o demanda, a menudo impulsada por actores contrarios al Procés.
- Apertura de diligencias penales por delitos graves (sedición, desobediencia, odio, etc.) o sanciones administrativas de alto impacto.
- Amplia exposición mediática del procedimiento, con efecto ejemplarizante sobre el resto de cargos y movimientos sociales.
- Eventual archivo o rebaja de los cargos, pero tras un periodo prolongado de incertidumbre y desgaste personal, político y económico.
El resultado es un clima de autocensura y contención entre representantes y ciudadanía:
- Algunos ayuntamientos reconsideran mociones o actos por miedo a multas, inhabilitaciones o procesos penales.
- Activistas y entidades catalanas valoran el riesgo de cada acción en términos de posibles expedientes sancionadores.
- Parte de la población interioriza que expresar ciertas posiciones puede salir caro, lo que empobrece el debate democrático en Cataluña.
El papel del Observatori del Procés en la defensa de derechos en Cataluña
El Observatori del Procés nace precisamente para documentar, analizar y dar visibilidad a este tipo de vulneraciones de derechos fundamentales que afectan de manera directa a Cataluña y, en particular, a la libertad de expresión de cargos electos y movimientos sociales.
El Observatori recopila casos de judicialización del Procés, incluyendo:
- Procedimientos penales contra cargos electos catalanes por sus discursos o votaciones.
- Sanciones administrativas vinculadas a concentraciones, símbolos y acciones de protesta.
- Informes institucionales, como el del Síndic de Greuges, que alertan de estos retrocesos.
A partir de esta información, el Observatori genera lecturas en clave de derechos humanos, que permiten entender cada caso (incluido el de Joan Coma) dentro de un contexto más amplio.
Más allá de contar casos, el Observatori ayuda a:
- Situar en la agenda catalana e internacional la regresión de derechos vinculada al Procés y a la actuación de las instituciones estatales.
- Facilitar materiales y argumentos para que entidades, colectivos y personas en Cataluña puedan explicar su situación en términos de libertades y derechos fundamentales.
- Alimentar un debate informado sobre qué significa hoy la libertad de expresión política en Cataluña.
Guía práctica: cómo documentar y defender tu libertad de expresión en Cataluña
Si te reconoces —total o parcialmente— en el contexto descrito por el informe del Síndic y por el caso Joan Coma, es importante que no trivialices la situación. Aunque cada caso es distinto y requiere asesoramiento jurídico propio, hay algunas pautas generales que pueden ayudar.
1. Documenta todo lo que ocurre
La base de cualquier defensa sólida es un buen archivo de hechos. En el contexto catalán, donde la narrativa pública puede distorsionarse fácilmente, la documentación es esencial.
- Conserva citaciones, resoluciones y notificaciones oficiales que recibas.
- Guarda capturas de pantalla, recortes de prensa y materiales de redes sociales relacionados con tu caso en Cataluña.
- Anota fechas, lugares, órganos implicados y contextos políticos en los que se producen las actuaciones contra ti o tu colectivo.
2. Sitúa tu caso en clave de derechos humanos
No se trata solo de un conflicto personal o administrativo. El informe del Síndic y la experiencia acumulada en Cataluña muestran que muchos de estos procedimientos tienen que ver con la libertad de expresión, el derecho de participación política y la protesta.
Revisar tu situación a la luz de estos estándares te ayudará a entender qué derechos están potencialmente siendo vulnerados y a explicar el caso con mayor claridad.
3. Conecta con redes y observatorios especializados
Cataluña cuenta con un tejido importante de entidades, observatorios y espacios de análisis que trabajan en la defensa de derechos. Integrar tu caso en estas redes permite:
- Que no se perciba como un episodio aislado, sino como parte de un patrón estructural.
- Compartir aprendizajes con otras personas y colectivos que han pasado por experiencias similares en el contexto del Procés.
- Fortalecer la capacidad de respuesta colectiva ante futuras regresiones democráticas en Cataluña.
Recursos y referencias sobre el informe del Síndic y el Procés
Si quieres profundizar en la situación de la libertad de expresión en Cataluña y en el impacto que tiene la judicialización del Procés, estos son algunos ámbitos que vale la pena explorar.
El informe del Síndic de Greuges de Catalunya sobre retrocesos en materia de derechos humanos es un punto de partida fundamental. A él se suman:
- Otros informes del propio Síndic sobre el impacto del Procés en los derechos civiles y políticos en Cataluña.
- Documentos de organismos internacionales que han mostrado preocupación por la respuesta penal al Procés.
Además de los informes jurídicos, en Cataluña se han producido numerosos análisis, crónicas y materiales divulgativos que ayudan a entender el Procés desde la perspectiva de los derechos fundamentales.
Estos recursos permiten ver el caso Joan Coma y otros similares como relatos de resistencia democrática frente a una estrategia de castigo y escarmiento.
Preguntas frecuentes sobre el informe del Síndic y el caso Joan Coma
¿Por qué el informe del Síndic de Greuges es importante para Cataluña?
Porque se trata de un informe institucional elaborado desde Catalunya que documenta con rigor cómo determinadas leyes y decisiones judiciales están afectando a la libertad de expresión de cargos electos y ciudadanía. Señala casos concretos, como el de Joan Coma, y demuestra que lo que ocurre en Cataluña no son episodios aislados, sino parte de una regresión democrática más amplia.
¿Qué tiene de particular el caso de Joan Coma en Vic?
El caso de Joan Coma es especialmente significativo porque un concejal catalán fue investigado por sedición por unas palabras pronunciadas en un pleno municipal, en el ejercicio de su mandato. Es uno de los ejemplos más claros de cómo se ha intentado trasladar al terreno penal un debate estrictamente político sobre el futuro de Cataluña y el Procés.
¿Sigue habiendo riesgos para la libertad de expresión política en Cataluña?
Sí. Aunque algunos procedimientos concretos han sido archivados o rebajados, el marco legal y la dinámica de judicialización de la política siguen siendo una realidad en Cataluña. Muchas personas y colectivos continúan expuestos a sanciones o causas penales por su participación en debates, protestas y actos vinculados al Procés y a la crítica institucional.
¿Este análisis sustituye el asesoramiento jurídico individual?
No. Esta página ofrece una visión informativa y contextual sobre el informe del Síndic y el caso Joan Coma en Cataluña, pero no es asesoramiento jurídico personalizado. Cada situación concreta tiene matices propios y requiere la valoración de profesionales del derecho con conocimiento del caso.
¿Qué aporta el Observatori del Procés frente a otros espacios de análisis?
El Observatori del Procés se centra específicamente en la articulación entre Procés, derechos fundamentales y regresiones democráticas en Cataluña. Su valor añadido es conectar casos concretos, como el de Joan Coma, con un mapa más amplio de vulneraciones, y ofrecer una mirada estructural sobre lo que está pasando en el país.